Jacinta, Presa de Conciencia: Amnistía Internacional

"Ya es mucho tiempo... ¡ya son tres años!".

"¿Cuándo me van a dejar ir?... ¿me dejarán ir?".

"Mi libertad es lo que quiero".

Jacinta Francisco Marcial.

Sobre la pantalla del cine se proyectaba el rostro con sonrisa tímida de Jacinta, mientras por el micrófono, la voz de su hija Estela se quebraba mientras leía la carta de su madre. Junto a su padre, Don Guillermo Francisco, quien también habló de la falta que hace su esposa en el hogar, para sus hijos y para él mismo: "(me hace falta) ...de su diálogo, de su comprensión" .

En la sala 5 del Cine Diana (Av. Paseo de la Reforma, Ciudad de México), ya había hablado Tonio Tessaca, Coordinador de Movilización e Impacto de AI, para exigir la liberación inmediata de Jacinta y anunciar en conferencia de prensa que Amnistía Internacional le dió el nombramiento de "prisionera de conciencia", es decir, una persona presa por sus convicciones ideológicas, por su color de piel, por su origen étnico, por sus prácticas religiosas o sexuales, por su situación económica o por su género sexual .

Después de la intervención de Estela Francisco, el Director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, recordó las irregularidades del caso de Jacinta, desde el momento de su detención, cuatro meses después de que los elementos policíacos de la AFI violentaran a comerciantes al realizar un operativo antidrogas, vestidos de civil y sin mostrar ningún documento que avalara su acción, ante lo cual los comerciantes retuvieron a uno de ellos como garantía de que se responsabilizarían del pago de su mercancía dañada. Una fotografía en el periódico local fue suficiente para fincar culpabilidad del secuestro de seis agentes a Jacinta, que vendía aguas frescas en la plaza de Santiago Mezquititlán, cerca de donde se llevó a cabo la trifulca. Llevada con engaños a Querétaro, no tuvo acceso a un traductor y le fue negado su derecho a Presunción de inocencia, fincándole una pena de 21 años, cumpliendo el pasado 6 de agosto tres años en prisión, siendo desde entonces, junto a dos coacusadas, muestra de la incapacidad de la PGJ para garantizar legalidad, seguridad jurídica y procuración de justicia. Entre las irregularidades se cuenta también que el proceso se retrasó por la ausencia del agente AFI presuntamente secuestrado (no lo encuentran).

Puntualizó, a pregunta expresa de los medios asistentes, que el momento jurídico actual del caso de Jacinta, es que la PGJ está facultada para llevar a cabo un sobreseimiento, con el cual saldría libre de inmediato, sin embargo, ni siquiera ha admitido la recomendación que emitió la CNDH (después de tres años), incluso el titular de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Luis H. Álvarez, dijo no estar del todo enterado, con lo cual se ejemplificó la manera en que Jacinta, Teresa y Alberta son mujeres victimizadas por las instituciones que deberían protegerlas, especialmente castigándolas por su origen étnico, su condición de género y su situación económica.

También, como respuesta a otro cuestionamiento, rechazó se equipare este caso al de Acteal, de reciente resolución, pues ambos casos presentan criterios distintos, pues Acteal es parte de una estrategia contrainsurgente, además de que el caso de Jacinta es, en sí, la fabricación de un delito. También recalcó la paradoja de que mientras el Estado es promotor de derechos humanos a nivel internacional, en el país no se garantiza la actuación imparcial y la igualdad de partes.

Amnistía Internacional México por medio de la campaña Alza tu Voz recolecta firmas para la petición a Felipe Calderón para que liberen a Jacinta.

Aquí una entrevista a Jacinta por parte del periodista Ricardo Rocha y una breve reseña de los hechos junto con la posición del Centro Prodh en su defensa.