Informe de Amnistía Internacional Sobre Defensores de Derechos Humanos

"No empieces a chingar, quédate calladita o jodemos a tu esposo, esto les pasa por defender indios".

Mensaje telefónico a la esposa de Raúl Lucas Lucía, presidente de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos, secuestrado y hallado muerto en febrero de 2009.

En México, ser defensor o defensora de derechos humanos, aún los más fundamentales, puede ser causa de hostigamiento, intimidación, represión, persecución, detención injustificada, encarcelamiento arbitrario, desaparición forzada, e incluso, la muerte.

Quienes defienden el medioambiente y denuncian la explotación ilegal de reservas naturales; quienes defienden la integridad física de los inmigrantes en nuestro país; quienes apoyan la lucha de los campesinos en la defensa de sus tierras, o apoyan a comunidades indígenas que demandan la exclusión de servicios básicos, la discriminación y la pobreza extrema en sus poblaciones, o el abuso de autoridad de caciques o autoridades locales; quienes señalan los excesos del ejército y la policía contra la población civil, escudándose en la lucha contra el crimen organizado; quienes exigen el esclarecimiento de crímenes y la aplicación de la justicia en casos como los de los feminicidios en Ciudad Juárez o la explosión de la mina de carbón en Pasta de Conchos, Coahuila; quienes denuncian la explotación sexual a menores; quienes, en cualquier situación, exponen la corrupción o la ineficiencia de las autoridades, no tienen mayor defensa ante las represalias de los grupos de poder que afectan en sus intereses.

A veces, ni siquiera cuentan con el respaldo de la opinión pública para continuar con su labor (como muestra, los comentarios en la nota sobre este tema en el sitio electrónico del diario Milenio). La indefensión, la desprotección, la vulnerabilidad y el miedo constante son también sus contrincantes en una lucha de por sí ardua. Las acciones que el gobierno federal ha emprendido para frenar la delincuencia organizada ha hecho la situación más crítica por los abusos del ejército y la policía contra la población civil, situando a México por encima de países como Guatemala y Colombia, como el país de América Latina en que es más riesgoso realizar esta labor.

La defensa de los derechos humanos también se confunde con la defensa de los criminales sobre los derechos de sus víctimas, lo cual está por completo alejado de la intención original, sólo se señala el abuso de poder y de autoridad, la corrupción y las actividades nocivas, como la tortura, por ejemplo.

En una rueda de prensa con la presencia de Nancy Tapias-Torrado, investigadora de Amnistía Internacional para América Latina, se presentó un informe en que se detallaron diecises de los casos que tienen documentados, sobre tortura, detenciones arbitrarias, intimidación y asesinato de defensores y defensoras, en donde se muestra que en ocasiones son las autoridades locales, estatales o federales los que presentan cargos falsos y procesan indebidamente, o simplemente no aplican la justicia debidamente, mediante investigaciones deficientes, lentas o inconclusas, por lo que Amnistía Internacional exige el pleno reconocimiento, respeto y protección de sus derechos. Además incluye una serie de recomendaciones a las autoridades para legitimar el trabajo de quienes defienden derechos humanos, garantizando un entorno que facilite su labor en condiciones dignas.

Como acción simbólica, varias sillas vacías representaron el lugar de los defensores y defensoras asesinados, así como el de Raúl Hernández, preso de conciencia en Guerrero por exigir el fin de las violaciones a los derechos humanos en su comunidad, como la esterilización forzada de 14 hombres de su organización, y la violación de dos mujeres me´phaa. También hubo un acto simbólico en que se soltaron globos blancos después de la lectura de mensajes por parte de defensores sociales asistentes, en el que agradecieron el apoyo de la sociedad y el respaldo de organizaciones como AI.