Nicaragua: ni siquiera cuando está en juego su vida.
Eslogan de Amnistía Internacional.
Hoy (martes 28 de julio de 2009), en el patio central del Club de Periodistas en el Centro Histórico de la Ciudad de México, se llevó a cabo el
Foro Poder, Pobreza y Derechos Humanos de las Mujeres de Amnistía Internacional, dentro del contexto de su misión de alto nivel a Nicaragua, y un día después de
presentar en una conferencia de prensa el Informe "La prohibición total del aborto en Nicaragua"; contando con la presencia de Kate Gilmore, Secretaria General Adjunta de Amnistía Internacional, representantes de ONG´s como Católicas por el derecho a decidir y de luchadoras sociales de Nicaragua, país con un gobierno de izquierda que se alió a la Iglesia Católica, pactando desde la época de las elecciones una política antiabortista, con la consiguiente prohibición del aborto con cualquiera de sus causales, incluyendo la violación sexual y el aborto terapéutico en caso de que esté en riesgo la vida de la madre.
Sosteniendo en lo alto la publicación del Informe dado a conocer un día antes, Gilmore comenzaba su intervención -la primera de la conferencia- con la frase: "Este es un documento peligroso". O por lo menos a Daniel Ortega -Presidente de Nicaragua- le parece así, según lo explicaba. En él se recogen cifras, testimonios e investigaciones para ilustrar que sucede "cuando la religión y la política entran en la salas médicas"; algunas de esas cifras son sobre la mortandad por complicaciones de embarazo de mujeres y niñas, niñas a las que se les "obliga a dar a luz a su propia hermana", recalcó.
Alberto Herrera, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México, hizo hincapié en que ningún cambio social es posible en soledad, instando a solidarizarse y manifestarse en apoyo de las mujeres nicaragüenses, preguntando y respondiendo el mismo el cuestionamiento: "Y a los defensores, ¿quién los defiende?", precisando que la única respuesta es: "la misma sociedad". Martha Juárez, representante del Parlamento de Mujeres de México, comentó la paradoja de que se hubiera abolido una ley vigente desde el s. XIX, que permitía el aborto terapeútico; mencionó también la situación de las mujeres en Guanajuato, donde el gobierno se ha manifestado en contra de proporcionar atención médica y de destinar recursos de apoyo a las mujeres que decidan abortar, eligiendo proteger una vida en abstracto, sin ver como afecta a mujeres de carne y hueso.
El momento más cautivante se dió con los testimonios de las representantes del Movimiento de Mujeres de Nicaragua, Horacia Solís y Juanita Jiménez, quienes han sufrido junto a otras compañeras de la
persecución de su gobierno por su labor de defensa de los derechos de las mujeres, específicamente con la ayuda prestada a niñas, para que pudieran abortar al haber sido embarazadas como resultado de un abuso sexual. Solís comparó la condena de una mujer a la que se le niega su derecho de abortar, con la tortura, la violencia psicológica y la pena de muerte, pues no pocas veces esos son los resultados de obligarla a continuar con un embarazo producto de una violación. Destacó la manera en que han sido juzgadas, perseguidas, detenidas, señaladas y acusadas de pertenecer a "la derecha" y de ser "oligarcas" (con el objetivo de desacreditar su movimiento ante la opinión pública) al oponerse al gobierno de Daniel Ortega. Jiménez acusó a éste de ser un abusador sexual ("Pederasta", puntualizó Solís), refiriéndose a las
acusaciones de la hijastra del presidente Ortega sobre abuso y violación sexual.
Ante pregunta expresa (sobre la inclusión de la juventud nicaragüense a su movimiento), Solís remarcó que tanto ella como Jiménez y sus compañeras pertenecían a la generación que luchó por la revolución sandinista en los ochentas, que no eran de "derecha" como las acusaban, pero que estaban en contra de su gobierno por la incongruencia y el olvido de sus políticas revolucionarias, y percibía que las nuevas generaciones entendían que la persecución política que sufrían era por pensar distinto. Jiménez reconoció la participación juvenil y comentó la actual manera de llevarla a cabo mediante las redes sociales, igualmente recalcó que el gobierno de Ortega no podía considerarse de izquierda, que un gobierno no puede ser de izquierda sin una posición clara sobre el estado laico y sin una posición definida sobre derechos humanos.
También a pregunta expresa definieron la ruta a seguir, con una campaña de acción internacional (enviando cartas a relatores de derechos humanos y aprovechando el apoyo de organizaciones como Amnistía Internacional), y una campaña de acción nacional, apelando a los recursos de inconstitucionalidad, así como insistiendo en el objetivo de restituir el aborto terapeútico y en casos de violación sexual. Mencionaron también la presión sobre el personal médico, que son obligados a no actuar para no poner en riesgo su libertad de ejercicio profesional o de libertad personal, al grado de que se dió el caso de una mujer embarazada que murió por una diarrea estando hospitalizada, sin que ningún médico se atreviera a proporcionarle algún medicamento ante el temor de provocar un aborto y ser acusado por ello.
María Consuelo Mejía, de la organización
Católicas por el derecho a decidir, insistió en el derecho de una toma de decisiones basadas en la libertad de conciencia, haciendo una crítica de la postura religiosa, proporcionando también datos donde obtener asistencia médica para migrantes de otros países, cuando sus respectivas embajadas o los centros de migración gubernamentales no la proporcionan -lo que según dijeron personas asistentes, es común-. Una opinión espontánea, por una asistente en el público, permitió conocer más sobre la lucha de las activistas nicaragüenses y el acoso gubernamental que sufren.
Finalmente, delante de ilustraciones de siluetas (un médico y una niña) que representaban las víctimas de la ley antiaborto, Kate Gilmore dió un mensaje final que concluyó de la siguiente forma:
"Los derechos humanos tienen un lugar en el país, tienen un lugar en el hogar, y tienen un lugar en la cama".
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